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lunes, 27 de marzo de 2017

La Conquista, la Colonia y el Virreynato

* E N C O M I E N D A S Y MERCEDES REALES

POR: SALVADOR HERNÁNDEZ GARCÍA.
CRONISTA DE LA CIUDAD.

De acuerdo como lo consigna el historiador Silvio Zavala en la página 9 de su obra “de encomienda y propiedad”, sic: “la encomienda indiana fue una institución emparentada con el patrocinio romano, los feudos medievales y más inmediatamente con los señoríos españoles”.

De hecho la encomienda la estableció por primera vez en la américa insular, el navegante Cristóbal colón en el año de 1499, y la institución prácticamente se autorizó con la promulgación de la real orden del 20 de diciembre de 1503, para ser ratificada por la corona española por medio de la real cédula del 14 de agosto de 1509, que incluyo el reparto de indios.

En el caso de Tuxpan la primera encomienda le fue concedida a uno de los soldados de Hernán Cortés, de nombre Andrés de Tapia, en el año de 1522. a la sazón Tuxpan era conocido con el nombre de Tochpan cuyo señorío incluía su puerto de tabuco, que estaba poblado por 122 familias sic: “de indios”. En este territorio conocido hoy en día como la huasteca veracruzana, había más de 60 encomiendas, y para dar una idea de la superficie de estas vale citar la de Tochpan.

a ese respecto Joaquín Meade señala lo siguiente: “las tierras de este pueblo estaban mezcladas con las de Papantla, sin división alguna, tenían buenas sabanas, una de esta tenía siete leguas de largo y cinco de ancho por la que pasaba el río Tancupo-Amoyo, dándose el caso que en su ribera contaba con gran pesquería; otra sabana tenía tres leguas de largo y dos de ancho con agua y lomeríos; otra más tenía cinco leguas por lado atravesándola también el mismo rio, lo demás era tierra montosa. Estaba a treinta y cinco leguas de panuco, junto con Papantla que también era de Andrés de tapia. Tenía de términos veinticinco leguas de largo y veinte de ancho, confinaba con Tamiahua, Tenextiquipaque, Cicoaque Zapotlán, Tuzapan y Quecalcoaque. Tenía ocho estancias llamadas: Tomilco, Ttihuatlán, Tlacosuchitlán, Uila, Achitalan, Miquetla, Acececa y Coyola”.

el sistema de las encomiendas prácticamente significo el vasallaje y esclavitud de los naturales en beneficio de los conquistadores españoles, y funcionaron con tal rigor y crueldad que hubo necesidad de que la corona española frecuentemente expidiera constantes cédulas para tratar de impedir tales excesos, más sin embargo los encomenderos hicieron caso omiso de las ordenanzas reales, pasando por alto, inclusive, la autoridad de los virreyes quienes poco o nada pudieron hacer para poner coto al desenfreno, a la rapacidad, ambición y crueldad.

Cuando el rey designaba al alcalde mayor podía estar 5 años en el desempeño de su cargo. Cuando lo hacía el virrey sólo disfrutaba de 3 años. Se le concedió al virrey determinado número de alcaldías mayores para proveer a sus titulares, además de los interinatos que podía llenar por ausencia o muerte de los propietarios.

Las obligaciones del alcalde mayor se reducían a supervisar el ejercicio judicial de los alcaldes ordinarios, si es que había ayuntamiento de españoles en su jurisdicción; atender las peticiones de las repúblicas y de los ayuntamientos de los indios así como ejercer justicia en primera instancia, si no había alcaldes ordinarios en su jurisdicción. También debía vigilar el orden político del distrito y cuidar la cobranza de los tributos a los indios. Los Alcaldes Mayores adicionalmente ostentaron los cargos militares de capitanes de guerra de la armada de barlovento que patrullaba la costa del Golfo de México a efecto de evitar la piratería y el contrabando.

No se les pagaba sueldo por el desempeño de sus obligaciones. Se les concedió autorización, ligeramente restringida, para que a la sombra protectora de sus empleos ejercieran negocios mercantiles. Quedaba al cuidado del gobernador y capitán general guardar los límites de éstas franquicias. Esta concesión fue una fuente perenne de abusos, más aún que éstos empleos se otorgaban por servicios económicos al rey o al virrey, que equivalía a la venta del oficio. Consecuentemente, el titular procuraba obtener, además del precio que pagaba por el empleo, alguna utilidad para su provecho personal.

Las funciones Municipales comprendían legislación local, provisiones de sanidad, regulación de precios y abastecimientos, supresión de monopolios, prevención del fraude, reparación de acueductos y caminos, pavimentación de las calles y su limpieza. Los Alcaldes ordinarios no podían ser reelectos. Tenían el carácter de jueces de primera instancia en la ciudad y a 15 leguas en su alrededor. Frecuentemente sus procedimientos judiciales les acarreaban conflictos con la audiencia, algunas veces muy embarazosos. Estas reyertas debían someterse al gobernador para su solución. No debían ver estos alcaldes ordinarios las causas de indios reservadas exclusivamente al virrey.

La Armada de Barlovento se formó con el propósito de proteger la navegación en el seno mexicano y en el caribe, infestado de corsarios. Todo el Virreinato de la Nueva España debía contribuir para su sostenimiento. Se destinó de los recursos de la real hacienda una suma periódica para sufragar esos gastos. El presupuesto de su mantenimiento alcanzó la cantidad de seiscientos mil pesos anuales. Las reales cajas de México contribuían con doscientos mil pesos. Las de Yucatán y Guatemala con cuarenta mil pesos cada una. El número de los navíos era de doce galeones y dos buques pequeños, pero fluctuó mucho esa cantidad a través del siglo xvii, siendo regularmente el de la mitad de su número. Ocasionalmente el capitán general de la nueva España designada al general de la armada de barlovento. Esta fue creada por el Virrey Lope Díaz de Armendáriz, marqués de Cadereyta en el año de 1639 para tener los mares limpia de corsarios y evitar el contrabando. El alcalde mayor de huachinango, quien tenía jurisdicción hasta las costas del golfo de México, era designado directamente por el virrey quien al mismo tiempo le daba el carácter de capitán de guerra para vigilar las costas y puertos del golfo.

La Real Audiencia de México se fundó el 29 de noviembre de 1527 y se compuso de un presidente que era el virrey mismo, 8 oidores, 4 alcaldes del crimen, 2 fiscales, uno del civil y otro de lo criminal, un alguacil mayor, un teniente de gran chanciller, y de algunos oficiales menores, el escribano de cámara y los relatores.

Correspondía al virrey conocer las materias de gobierno; pero podía apelarse a la audiencia respecto a sus resoluciones en esas materias. Correspondía al capitán general ver todas las cuestiones militares de cuyo conocimiento se inhibía a la audiencia aún misma la vía de la apelación. Los agraviados en esas cuestiones debían recurrir al consejo de indias por su junta de gobierno. Cualquier duda sobre éstos asuntos el Virrey debía resolverlos interinamente, quedando en libertad la audiencia de avisar a la corona las razones de sus dudas u oposiciones.

La que tenía el virrey para materias de gobierno, no sólo podía ejercerla residiendo en la sede de la audiencia, sino ausente de ella, siempre y cuando que no saliese del distrito.

El Gobierno y Capitanía General de la Nueva España, dividía su administración local en corregimientos y Alcaldías Mayores, además de los tres gobiernos de Tlaxcala, Veracruz y Acapulco que le estaban sujetos. Ejercía igualmente jurisdicción en el estado del marquesado del valle y en el ducado de Atlixco.

El corregidor tuvo más amplias facultades que el alcalde mayor. Desde los tiempos del primer virrey, don Antonio de Mendoza, se juzgó perjudicial la función de corregidor por la amplitud de sus facultades. 3 años duraba su término, pero en algunas ocasiones la corona extendió a 5 cuando les despachaba los títulos. El Virrey sometía una terna de candidatos un año y medio antes del vencimiento y el Rey escogía entonces al corregidor. En casos de renuncia o muerte podía el Virrey  designar un corregidor interino que cumpliese el plazo, previa petición de la confirmación real.

Los deberes del corregidor eran múltiples, más aún si correspondía su distrito a una región minera, se le encomendaba su cuidado de todas las obras públicas. Hacía cumplir tanto las órdenes reales como los bandos y ordenanzas Virreinales. Como el Virrey lo hacía en la capital, debía inspeccionar los abastos en sus distritos. Examinaba los procedimientos de los alcaldes ordinarios, vigilando el breve despacho de sus encargos de primera instancia. Castigaba sumariamente a los criminales, tarea que no fue fácil porque en esas comarcas mineras abundaban los delincuentes. Tenía facultades para poner contribuciones a las pulquerías para sufragar los presupuestos locales. Regulaba pesas, medidas y precios para evitar abusos de los mercaderes. Convocaba a los principales vecinos para resolver problemas importantes. Supervisaba las cárceles y nombraba alguaciles para perseguir a los malhechores, conferenciaba con los eclesiásticos para erigir templos y conventos. Cuidaba de proveer medidas para el buen trato a los indios, concedía todo su apoyo a los colectores de tributos. Ayudaba y mantenía buenas relaciones con las compañías militares y otros funcionarios que transitaban por sus distritos. Informaba al virrey, como gobernador y capitán general, de lo que acaecía en su jurisdicción, le proponía medios para el aumento de las rentas reales y le consultaba todos los asuntos importantes. Disfrutaba, en fin, de cierta autonomía para resolver determinadas cuestiones locales sin intervención superior.

“Se manda al Virrey que haga dibujar un mapa muy detallado y completo de todo el país, incluyendo las regiones nuevamente descubiertas por don Hernán Cortés, porque se deseaba tener una imagen de las poblaciones más importantes del país y de sus costas”. Julio 14 de 1536.

El Virrey de Nueva España reunía en si varias facultades, pero su dignidad de representante del Rey, el alter ego del monarca le otorgaba una jerarquía superior a todas las demás, por altos que fueran los otros funcionarios. Tenía una amplísima zona de influencia como virrey, presidia la audiencia de México y era gobernador y capitán general. En las regiones en donde había un Gobernador y un Capitán General sus facultades eran de inspección general. Gobiernos y capitanes generales provinciales.

“Ordenanzas del consejo de Indias” dictadas por Felipe Segundo en 1571. ordenanza núm. 7, dice: “porque tantas y tan grandes tierras islas y provincias se pueden con más claridad y distinción percibir y entender de los que tuvieran cargo de gobernarlas, mandamos a los de nuestro consejo de indias que siempre tengan cuidado de dividir y partir todo el estado de ellas, descubierto y por descubrir: para lo temporal en virreinatos, provincias de audiencias y chancillerías reales, y provincias de oficiales de la real hacienda, adelantamientos, gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos, alcaldías ordinarias y de la hermandad, consejos de españoles y de indios, y para lo espiritual en arzobispados y obispados sufragáneos y abadías, parroquias y dezmerías, provincias de las ordenes y religiones, teniendo siempre atención a que la división para lo temporal se vaya conformando y correspondiendo cuanto se compadeciere con lo espiritual; los arzobispados y provincias de las religiones con los distritos de las audiencias, los obispados con las gobernaciones y alcaldía mayores, y parroquias y curatos con los corregimientos y alcaldías ordinarias”.

La jurisdicción de la primera instancia competía a los alcaldes ordinarios que presidian cada uno de los ayuntamientos. Felipe ii ordenó en córdoba el 19 de marzo de 1570 que tanto el presidente como los oidores, debían cuidar que no se impidiese esa jurisdicción.

Incumbía a las funciones del presidente vigilar el régimen local de las ciudades y poblaciones del distrito de la audiencia, cuidando su buena gobernación y policía. Todos estos negocios debía despacharlos, así cuando estuviera en la audiencia o fuera de ella, con el escribano de cámara o su teniente, sin intervención de persona algún. y los oidores no debían impedir a las autoridades municipales el cuidado de las obras públicas y de abasto, como sus actuaciones judiciales que les correspondían en primera instancia.

La legislación indiana señalaba al respecto de las funciones del virrey que como presidente de la real audiencia tenía la representación del Rey como fuente de justicia y como virrey representaba a su real persona.

Los alcaldes ordinarios fungían como jueces de primera instancia, además de presidir los cabildos de los ayuntamientos. Duraban todo un año en esos cargos y eran electos el primer día de ese año. No podían ser electos los oficiales de la real hacienda, ni los deudores de ella. Sólo podían ser reelectos dos años después.

También los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, podían ser jueces de primera instancia en las poblaciones donde no había alcaldes ordinarios.

La Capitanía General de la Nueva España dividió su jurisdicción en tenientes de capitán general y capitanes de guerra. Además de los 2 castellanos, el de Veracruz y el de Acapulco.

La audiencia de México fue fundada en noviembre 29 de 1527, siendo su primer presidente Nuño Beltrán de guzmán, quien había estado en la conquista de Pánuco y había sido su Gobernador. Los desmanes de este conquistador inquieto y cruel, como también sus competencias con Hernán  cortés, crearon la situación caótica que movió a la creación del Virreinato de la nueva España. Guzmán fue destituido y para reformar esa audiencia fue designado presidente el que había estado en la de santo domingo.

Este siniestro personaje desarrolló sus funciones en el territorio que hoy en día es conocido como la huasteca veracruzana a la cual despobló esclavizando a sus naturales, para traficarlos en venta hacia las islas antillanas.

El primer Virrey Antonio de Mendoza fue nombrado virrey de la Nueva España en abril 17 de 1535 y tomó posesión en noviembre 14 de ese año. Entregó el mando en noviembre 25 de 1550. Este virrey nombró como alcalde mayor de Yucatán a Gaspar Juárez de Ávila el 22 de agosto de 1550.

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